La carga de la prueba -217 LEC-y el recurso extraordinario por infracción procesal

En algunas ocasiones a una sentencia desfavorable de una Audiencia Provincial le siguen los recursos ante el Tribunal Supremo bien de casación o por infracción procesal.

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Un supuesto de mutatio libelli o mutación de la demanda

Con la expresión “prohibición de mutatis libellis” hacemos referencia a la imposibilidad en nuestro derecho procesal de que el actor cambie el objeto de la demanda mientras dure el proceso. Es decir, a la vinculación que se produce interpuesta la misma y contestada.

Contenido el principio en el art.412 LEC:

1. Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la presente Ley.”

Y también en el art.426 LEC que impide que una parte realice peticiones accesorias o complementarias de la inicial se la otra parte se muestra disconforme con ello.

Relacionada con la prohibición de “mutatio libelli” se encuentra la también prohibición de alteración de las partes o “perpetuatio legitimationis” (perpetuación tanto de la legitimación activa como pasiva).

Así, el proceso queda fijado tanto objetiva como subjetivamente. Sólo así se lograría conseguir por un lado el derecho a la tutela judicial efectiva, (Art.24 CE) con el principio de seguridad jurídica (Art.9.3 CE), litispendencia, cosa juzgada…

Pero existen casos enrevesados, con pluralidad de partes, y también de acciones en los que la mutatio libellis entra en contornos difíciles de discernir.

En la STS 4 de septiembre de 2014 (aquí)se recoge una situación que al principio parecía sencilla sobre una acción por resolución de determinados contratos ejercitada por una sociedad mercantil contra un banco y contra la constructora pero después se tornó algo enrevesada:

BREVE RELATO DE HECHOS.

-Náutica Roselló S.L. había adquirido a Industria Son Ocell S.L.. la propiedad de la planta sótano de un edificio destinada a aparcamientos a través de un contrato de compraventa. Además, la propia Naútica Roselló S.L. concierta una arrendamiento financiero (como arrendataria) con Banco de Crédito Balear S.A. (como arrendador) de las plantas baja, primera y segunda del mismo edificio. En virtud de dicho arrendamiento financiero queda con el derecho de uso y disfrute de las dichas plantas.

-Naútica Roselló demanda a ambas solicitando en primer lugar la resolución de los contratos, la devolución de las cantidades abonadas así como una indemnización por las pérdidas producidas al no haber podido utilizar el edificio desde el momento de su adquisición. Subsidiariamente solicitaba que se condenase sólo a Industria Son Ocell S.L. a realizar las obras pertinentes para que se pudiera realizar un uso y utilización del edificio adecuado.

Todo ello como consecuencia de unos vicios ocultos que habían aparecido en el edificio que lo hacían inútil para la explotación, sobre todo del aparcamiento de las plazas parking del sótano.

-Antes de la audiencia previa, Naútica Roselló S.L. llega a una transacción con Banco Popular S.A. (sucesor de Banco de Crédito Balear), en virtud de la cual se resolvían de mutuo acuerdo los arrendamientos financieros de las plantas primera y segunda y se novaba el relativo a la planta baja. La propiedad de estas plantas (baja, primera y segundo) quedaba de nuevo en propiedad de Banco Popular S.A. Se daba el pleito por finalizado entre ambas y debía seguirse entre Naútica Roselló S.L. e Industria Son Ocell S.L.

Ésta es la cláusula que determina la continuación del procedimiento: «las acciones que nacen de los vicios existentes en todas las partes determinadas objeto de este pleito y que se han ejercitado en este asunto contra Industrial Son Ocell seguirán siendo ejercitadas por Náutica Rosselló, a la que pertenecen dichas acciones, si bien esta entidad se obliga a precisar los términos de su demanda de forma tal que se seguirá reclamando de Industrial Son Ocell exclusivamente la realización de las obras y trabajados necesarios para el uso y explotación industrial del edificio y la indemnización por la imposibilidad de utilizarlo, sin que se pretenda la resolución de las operaciones y sin que nada se tenga que reclamar al Banco Popular».

Nos encontramos, por tanto, con una cesión de acciones antes de la audiencia previa.

La actora remitió escrito una vez homologado el acuerdo de transacción modificando el “petitum” de la demanda, señalando que sólo pedía que se condenase a Industria Son Ocell S.L. a la realización de las obras correspondientes. Con un pequeño inconveniente, y es que Su Señoría en la audiencia previa denegó tal modificación, y por tanto mantuvo la demanda como no modificada. La actora Naútica Roselló S.L. vio desestimada su pretensión porque como tan sólo era dueña de la planta de sótano –destinada a 100 plazas de aparcamiento- no está legitimada para instar la resolución de compraventa de todo el edificio (recordemos que con el acuerdo de transacción las restantes plantas quedaban en plena propiedad de Banco Popular S.A.).

La actora recurrió en apelación, obteniendo una sentencia favorable, condenado a la demandada Industria Son Ocell S.L. a la reparación de los desperfectos y vicios ocultos, por entender que la actora sí tenía la legitimación necesaria, teniendo en cuenta que en la transacción Banco Popular S.A. le cede sus acciones pudiendo así ejercitarlas tanto por la planta sótano de que era propietaria como por el resto de plantas.

Por ello Industria Son Ocell S.L. interpuso tanto recurso extraordinario por infracción procesal ante el TS.

PRIMER MOTIVO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

La condenada formuló recurso extraordinario por infracción procesal del art.469.1.3º por vulneración de la prohibición de “mutatio libelli”.

¿El acuerdo de transacción antes mencionado y el cambio en la pretensión de la actora (que ya no pide la resolución contratos para centrarse sólo en la exigencia de la reparación de los desperfectos) constituye una mutación o cambio en la demanda no permitido?

Dice el Tribunal Supremo que no: No se ha producido indefensión en la recurrente, pues no se le ha impedido defenderse. Pudo recurrir el auto de homologación de la transacción, si consideraba que se dictó con vulneración de normas procesales o sustantivas y que le perjudicaba, y no lo hizo. Y pudo oponerse al recurso de apelación en el que la demandante limitaba su pretensión a la ejercitada subsidiariamente en la demanda, como efectivamente se opuso mediante el escrito en que realizó las alegaciones que tuvo por convenientes.”

El hecho de que la actora que vio como se desestimaban sus pretensiones en primera instancia consintiese la desestimación en cuanto a la petición principal no impide que pueda recurrir por la pretensión subsidiaria (la de condenar a la demandada a la realización de las obras). Esto forma parte del poder de disposición y no supone un cambio en la demanda, ex art.412 LEC.

SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

En el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se alegó también por la condenada en apelación Industria Son Ocell S.L. falta de legitimación activa por entender que al no ser la actora –como decíamos- plena propietaria del edificio no puede ejercitar dichas acciones .

También se desestima este motivo:

3.- La resolución de los contratos de arrendamiento financiero acordada en la transacción concertada por Náutica Rosselló y Banco Popular tuvo como consecuencia la transmisión parcial del objeto litigioso de la primera a la segunda entidad, en tanto que se restituyó a Banco Popular la plena propiedad y posesión de parte del edificio respecto del que Náutica Rosselló había ejercitado acciones de reparación de los defectos constructivos, con todas las facultades y acciones inherentes a tal posición jurídica.

Cuando se transmite el objeto litigioso durante el proceso, el adquirente puede solicitar que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente, y así lo prevé el art. 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero se trata de una facultad, que el adquirente puede o no ejercitar. E incluso habiéndola ejercitado, puede que esa sucesión procesal le sea denegada por diversas razones, en cuyo caso la propia ley prevé que el transmitente (pese a no ser ya titular del objeto litigioso) continuará en el juicio, « quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos [transmitente y adquirente]».

Por tanto, la propia normativa procesal prevé que en ciertos casos quien ha transmitido el objeto litigioso, sea el demandante o sea el demandado, siga siendo parte en el proceso.

4.- En el caso objeto del recurso, transmitente y adquirente acordaron en la transacción que fuera aquel quien continuara en la posición de parte demandante en la acción de reparación de la totalidad del edificio.

Tal pacto es perfectamente lícito. Es más, si no se hubiera acordado nada al respecto, la solución hubiera sido la misma, salvo que el adquirente hubiera ejercitado la facultad de solicitar la sucesión procesal y se hubiera admitido tal sucesión procesal tras darle la tramitación prevista en el art. 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

 

¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre la aportación de las pruebas periciales en el proceso civil?

La aportación de dictámenes periciales que aparece hoy regulada en los art.336 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) sufrió un vuelco considerable cuando la reciente LEC entró en vigor, allá por el año 2000.

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La pieza de calificación del concurso de acreedores de Lucentum Alicante (I)

La sentencia de calificación del concurso de acreedores del club de baloncesto Lucentum Alicante es tremendamente didáctica y contiene muchos de los elementos que se han venido dando en la gestión de entidades deportivas en nuestro país en los últimos años, por desgracia.

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Si no recurro, ¿Me puede beneficiar la sentencia posterior?

En virtud del principio tantum devolutum quantum apellatum el tribunal superior en la pirámide jurisdiccional sólo va a conocer de lo que se ha apelado deviniendo firme aquellos hechos que no se hayan sustanciado en el recurso correspondiente.

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¿Quién está obligado al pago de la prima por traspaso a los deportistas?

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