Sobre las distintas consecuencias de la autocontratación y supuestos de admisión de la misma

La autocontratación pasa por ser una de las situaciones jurídicas más interesantes en el ámbito del derecho de la contratación. 

Entendemos por autocontratación toda situación en la que una persona puede obligar a dos o más patrimonios, o situaciones en las que las dos voluntades, de las dos partes de un contrato o relación recaen en una misma persona.

Se pueden dar supuestos de autocontratación de carácter voluntario (una compraventa en la que una persona actúa en su nombre y por poder en nombre de la otra); orgánica (en el seno de sociedades o fundaciones cuando un administrador actúa en su nombre y en el de la sociedad) o legal (en casos de ejercicio de patria potestad, de tutela…).

En el ámbito de la sociedades mercantiles son especialmente peliagudos los supuestos de autocontratación por el mero hecho de que van ligados a situaciones de conflictos de intereses. Sobre todo en sociedades limitadas o sociedades más pequeñas donde los socios son los administradores, ya sea de hecho o de derecho. Actos en los que un administrador único, o en ocasiones hasta un liquidador interviene en su propio nombre por un lado y por otro, en representación de la sociedad

En el caso en que se incurra en un supuesto de autocontratación ilícita o prohibida han surgido abundantes dudas sobre las consecuencias que debe tener.

Por un lado un sector de la doctrina se inclina por penar recientemente que estaríamos ante un acto anulable. Es decir, un acto que despliega sus efectos hasta que se ejercita la correspondiente acción de nulidad o hasta que sea ratificado por el representado. Quien critica esta consecuencia lo hace señalado que la anulabilidad se da en supuestos en los que la relación jurídica contiene sus elementos esenciales (consentimiento, objeto y causa), pero sin embargo existe algún vicio en uno de ellos; en estos casos no se da el consentimiento. Mientras el dominus  no lo preste no existe consentimiento en sí. No es que se dé pero tenga algún vicio sino que directamente no se ha producido.

Esta posición incardina la autocontratación ilícita dentro del art.1259 y por ello entiende que se puede ratificar.

En los casos de sociedades mercantiles, a los que aludíamos anteriormente, corresponde a la Junta General salvar el supuesto de autocontratación. No puede el administrador único otorgar un poder a otro para que comparezca en representación de la sociedad para salvar su propio conflicto de interés como tal administrador con la sociedad.

-Por otro lado, un sector más minoritario entiende que la sanción es la nulidad de pleno derecho, sobre todo en la representación legal, puesto que se contravienen normas imperativas, se va en contra del art.6.3 CC, y por tanto no cabe convalidación o ratificación de algo que es nulo en origen: quod nullum est nullum effectum producit.

No obstante, existen otros supuestos en los que la autocontratación sería admisible tanto si hablamos en el seno de representación voluntaria u orgánica. Serían los siguientes:

-Actos en que el representado solamente puede ver aumentado su patrimonio por su naturaleza: donaciones en los que el representante es el donante y la persona que concurre representada es donatario. Por su naturaleza este tipo de actos solamente puede servir para aumentar el patrimonio del representado con lo cual es imposible defender que el representante pueda aprovecharse o captar la voluntad del representado. Y ello aunque las donaciones sean onerosas o con carga porque éstos siempre serán inferior al valor de lo donado.

-Actos en los que el domunis negotii  ha prestado ya su consentimiento y se tratan de actos de ejecución: pensemos por ejemplo en contratos en los que sus elementos esenciales se han manifestado pero por ejemplo la determinación del precio se realiza en un momento posterior. En estos casos sería admisible un supuesto de autocontratación.

-Supuestos en los que el representado hubiere prestado su consentimiento y en general, todos aquellos supuestos en los que se hubiera previsto la autocontratación de forma expresa: Esto fue reconocida en la Res. DGRN de 14-5-1998, y también por nuestros Tribunales. Si se ha previsto, consta que la autocontratación ha sido consentida, y siempre que no se vulneren derechos de terceros o se ataque con ello normas imperativas o de orden público se puede admitir la autocontratación.

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