Sobre el actual estado del procedimiento de ejecución hipotecaria

El historial de resoluciones judiciales sobre las cláusulas de vencimiento anticipado han dado lugar a situaciones de lo más variopinto en muchas ejecuciones y han llegado a poner en duda incluso la facultad de acreedor de ejecutar anticipadamente el contrato de préstamo hipotecario.

Como analizamos en la entrada anterior, la práctica totalidad de los préstamos hipotecarios incluyen una cláusula por la que el acreedor dispone de la facultad de resolver anticipadamente el contrato en una serie de casos, entre ellos, el impago de “alguna” cuota del préstamo.

El caso Aziz, STJUE 14 de marzo de 2013, que produjo un maremoto en el sistema de ejecución hipotecario español fue el primer paso en una avalancha de declaraciones de abusividad de dicha cláusula de vencimiento anticipado por entender que en una relación de la duración y cuantía de un préstamo hipotecario el impago de una o unas pocas cuotas no podía justificar el dar por resuelto el contrato.

Una vez declarada la abusividad se planteaba el problema del curso que debía seguir dándose al procedimiento, si nos encontramos con la ejecución ya iniciada y la nulidad ha sido declarado bien de oficio bien por oposición y del ejecutado, y también caso de declararse la nulidad en el marco de un proceso declarativo, si el acreedor podría iniciar posteriormente dicho procedimiento ejecutivo.

De igual forma en el año 2015 se modificó la LEC para introducir en el art.693.2 para permitir dar por vencida una deuda a plazos siempre que se haya producido el impago de 3 cuotas. Así las entidades financieras,  para evitar problemas en el marco de la ejecución por la hipotética por una eventual declaración de abusividad de la cláusula, esperaban un número más elevado de cuotas impagadas para iniciar la ejecución.

El siguiente paso a reseñar lo tenemos en las STS 23 de diciembre de 2015, aunque también de 18 de febrero de 2016, que creó infinidad de dudas y ha sido duramente criticada por una razón fundamental:

-Señala que en un procedimiento declarativo la cláusula debe analizarse en abstracto, y no en concreto.

-Sin embargo en un procedimiento de ejecución sí debe analizarse el caso concreto, y concretamente las siguientes cuatro circunstancias del caso:

(i) esencialidad de la obligación incumplida,

(ii) gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía,

(iii) duración del contrato de préstamo,

(iv) y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

La crítica ha venido motivada porque el Tribunal Supremo realizó dichas manifestaciones resolviendo un recurso que nada tenía que ver con el procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que hacía que incurriese en incongruencia y obiter dicta.

¿Cómo han venido interpretando las Audiencias Provinciales desde aprox. año y medio estos cambios para que algunas entidades hayan tenido serios problemas para dar por vencido y ejecutar préstamo?

En esencia, aunque la mayoría de AAPP han venido aplicando la doctrina del TS en el sentido de continuar con la ejecución y no sobreseerla por ser más beneficioso para el consumidor, existe una posición minoritaria que en algunos casos viene decretando sin más el sobreseimiento de la ejecución, (SAP de Valencia (Secc.9º) de 25 de marzo de 2016 y SAP de Barcelona, de 21 de marzo de 2016) fundamentándolo  en 2 razones principalmente:

-Que el vencimiento anticipado por un impago no es suficientemente grave, y

-Que la cláusula de vencimiento anticipado es fundamento de la ejecución y siendo nulo no puede darse ésta.

No obstante, es de esperar que este criterio siga siendo minoritario. Es evidente que en la facultad del acreedor de declarar vencido el préstamo por impago de 1, 2 o 3 cuotas cuando deben abonarse 300 puede resultar abusivo, pero deben poder articularse los mecanismos o darse las interpretaciones para que continúe un procedimiento de ejecución, porque cerrar ésta y obligar a acudir a un declarativo con posterior ejecución solamente causaría daños más graves al consumidor. Veamos cuáles son algunas de las ventajas que el TS señaló en su STS 23-12-2015 y que se tendrían en el procedimiento de ejecución hipotecario y no en otros procedimientos:

  1. Se evitaría el devengo de las costas en 2 procedimientos (declarativo y ejecutivo) que ahora no se de.
  2. El deudor tiene la posibilidad de liberar el bien mediante la consignación de las cantidades, cosa que no podría hacer en una ejecución ordinaria. Y además no habría limites a la posibilidad de liberar el bien en varias ocasiones.
  3. Se asegura conforme al art.682 LEC que el que el valor de tasación a efectos de la subasta no podrá ser inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo.
  4. Además no tendría las ventajas a efectos de liberación de deuda que concede el art.579 LEC para el caso de ejecución en vivienda habitual.

El estado actual como decimos es de disparidad, con una mayoría que se inclina por entender que, pese a la declaración de abusividad de la cláusula es más ventajoso continuar por el procedimiento de ejecución hipotecaria especial del art.681 LEC, pero con otras AAPP que se inclinan por lo contrario.

Por último, y como señalamos en la anterior entrada el Tribunal Supremo ha planteado en un Auto de fecha 8 de febrero de 2017 una cuestión prejudicial ante el TJUE para que manifieste si:

(i) Si el juez nacional puede hacer un análisis de la abusividad de una cláusula por “tramos”, es decir, anular una parte de la cláusula cuando deba hacerse pero mantenerse válido un inciso que no sea nulo, y

(ii) Aplicando el derecho nacional para integrar el contrato una vez declarada la nulidad, decidir que proceda la ejecución hipotecaria por ser más ventajosa para el consumidor.

En nuestra opinión, como en multitud de ocasiones deben ponderarse los intereses en conflicto; si bien las entidades han podido incluir cláusulas de vencimiento anticipado, hacer prácticamente imposible el vencimiento del préstamo y la ejecución -si ya puede seguir llamándose así- es una decisión no sólo perjudicial para el consumidor sino totalmente contrario a la más esencial lógica de un contrato a plazos.

 

 

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