Las costas procesales y los allanamientos

En uno de los asuntos más reiterados en el mundo jurídico como es de las cláusulas suelos fundamentalmente, pero también en otras de derecho bancario se suele dar una situación procesal sobre las costas que no es del todo pacífica y sobre la que están recayendo varias sentencias.

Tras la presentación de la demanda por el afectado la entidad financiera se allana antes de contestar a la demanda. Surge aquí la disputa por las costas del procedimiento que son una importante remuneración cuando el cliente renuncia a las mismas en favor de su letrado.

El art. 395 de la LEC regula esto diciendo que si el allanamiento es antes de la contestación no habrá imposición de costas salvo que se aprecie mala fe. Aquí viene el punto conflictivo de interés, ¿Qué es lo que debe entenderse por mala fe? Dice el art.395.1 en su inciso 2º que existirá mala fe cuando se dé la existencia de intentos de conciliación o de reclamaciones extrajudiciales realizadas por la demanda. Así, la Sentencia de la AAPP de Zaragoza de 8 de enero de 2016 señala que “En eso consiste la mala fe procesal. En no haber impedido un procedimiento evitable con un comportamiento activo en fase o momento prejudicial”.

La regla del art.395.2 prevista para cuando el allanamiento lo es con posterioridad a la demanda remite a las reglas de tasación en primera instancia

Volviendo a la situación anterior, al caso de allanamiento antes de la contestación, lo lógico será que el abogado o bien el afectado en cuestión envíe un burofax exponiendo el problema y las peticiones de su cliente con lo que el Juzgado entenderá que hubo mala fe si tras presentar la demanda es cuando se allana a las pretensiones del actor. Esto no presenta ningún problema, Pero,

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¿Qué suele ocurrir cuando esas reclamaciones extrajudiciales no son escritas, sino verbales por ejemplo?

En caso de producirse de forma verbal, lógicamente existe un problema para probarla mucho mayor que el que se da cuando es escrita.

Pero aún en estos casos es posible que se entienda practicada la reclamación extrajudicial, no sólo porque se puede probar a través de las testificales correspondientes sino porque varias Audiencias se han mostrado muy flexibles e incluso se pueden valer de las presunciones para entender que dadas las circunstancias, parece lo más probable que antes de entablar una demanda, existieran conversaciones o tratos entre la entidad y su cliente.

Piénsese en los casos en los que el cliente no ha hecho frente a alguna cuota. Puede entenderse sin mucho esfuerzo que en alguna conversación entre el cliente y los empleados de la entidad ya hubiese emitido aquel alguna queja.

¿Y cuando no se pueden acreditar?

En la Sentencia antes mencionada se mantiene el pronunciamiento en costas a la entidad financiera por afirmar que no había destruido la presumtio hominis. Es decir, se presume que existió la reclamación extrajudicial y es al banco al que le corresponde desvirtuar que no se produjo la misma:

“En este sentido, la demandada en su escrito de allanamiento mantiene como fundamento de la no imposición de las costas, el allanamiento antes de contestar la demanda y “no constar documentado en autos ningún tipo de requerimiento o reclamación extrajudicial a la entidad, previo al ejercicio de las acciones judiciales instadas con la demanda”. Tal alegación se limita a que no constan documentados, cuestión distinta que no existieran tales requerimientos verbales extrajudiciales; no afirma que estos no se hayan producido, ni aporta indicios de prueba al respecto, p.e. declaración por escrito del gestor personal o director de la entidad, personas que prima facie son a las que se dirigiría la actora para la supresión de la cláusula suelo cuya ineficacia no fue discutida.

En consecuencia, la presunción referida en las resoluciones anteriores no ha sido desvirtuada, ni esta era una prueba diabólica, ni siquiera el hecho invocado -la propia existencia de reclamaciones extrajudiciales- ha sido negado formalmente por la demandada.

La propia Audiencia Provincial de Zaragoza en Sentencia de 1 de octubre de 2015 mantiene el mismo criterio al respecto.

 

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