Prestamistas que no son entidades de crédito y protección de los consumidores

Dentro de la protección de consumidores y usuarios se han dispuesto en los últimos años una variedad amplia de normas en muchos sectores de la vida económica.

Tomando como referencia el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se han dispuesto una serie de normas complementarias como en el ámbito de la intermediación y concesión de préstamos financieros la Ley 2/2009, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

Desde que comenzó la contracción de las entidades financieras a la hora de prestar, han aparecido en escena otros actores, prestamistas que no son entidades de crédito operando como particulares, también empresas de “gestión hipotecaria”, o entidades que ofrecen servicios de “agrupación de deudas” y otros.

En muchos supuestos, no hay que ser muy avispado para saber que quien recurre a este tipo de particulares o de servicios lo es porque tiene cerrado el acceso al mercado de crédito “ordinario”.

Como decíamos, el Texto Refundido de 2007 otorga una protección genérica a los consumidores y usuarios. No dispone de los mecanismos de protección específicos, o de las garantías que puede necesitar una persona que acude a contratar unos servicios financieros. La ley 2/2009 venía, como así señalaba su Exposición de Motivos a suplir ese vacío, puesto que iba a ser de aplicación a aquellas personas o entidades que realizasen una de las siguientes actividades, (art.1.):

a)La concesión de préstamos o créditos hipotecarios bajo la forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación.

b)La intermediación para la celebración de un contrato de préstamo o crédito con cualquier finalidad, a un consumidor, mediante la presentación, propuesta o realización de trabajos preparatorios para la celebración de los mencionados contratos, incluida, en su caso, la puesta a disposición de tales contratos a los consumidores para su suscripción.

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Pero en ambos casos no podían tratarse de entidades de crédito o financieras, puesto que éstas están sujetas a la regulación y supervisión del Banco de España, y además estas entidades deben prestar de forma profesional –habitual- para que les sea de aplicación la Ley 2/2009.

Por tanto, quedaba así acotado el ámbito subjetivo de dicha norma.

Además estas entidades deben prestar de forma profesional –habitual- para que les sea de aplicación la Ley 2/2009

La norma concede una serie de derechos irrenunciables a los consumidores de estos productos y también obliga a las personas físicas o jurídicas que presten a ofrecer una serie de información precontractual: derecho a obtener ofertas vinculantes con anterioridad a la firma, de transparencia para con las condiciones, comisiones, gastos, publicaciones de los mismos y además la obligatoriedad de inscripción en un registro autonómico y constitución de avales para cubrir futuras responsabilidades.

Traigo esto a colación, no sólo porque este tipo de operaciones son una fuente de abusos, sino porque además el 11 de julio de 2016, la Dirección General de los Registros del Notariado ha publicado una resolución que saca a relucir el tema.

En la misma, se deniega la inscripción de una escritura de préstamo entre dos particulares, por entender que el prestamista, que no era una entidad de crédito, sino un particular, lo era de forma profesional. La Registradora tras consultar el Servicio de Interconexión comprueba que era prestamista en otros 5 préstamos vigentes y también lo había sido en otras operaciones cerradas.

Yo creo que de forma muy lógica y además positiva para los consumidores empieza a aplicarse ciertas normas que a pesar de ser recientes parecía que estaban arrinconadas.

Si alguien presta dinero, no está sujeto a la actividad del Banco de España, y hay una norma que le impone el ofrecer una serie de garantías a los consumidores, por más que la norma sea desconocida, procede su aplicación por los profesionales encargados. En este caso, muy acertada la Resolución.

Por lo demás se reitera el criterio de otra Resolución de 28 de julio de 2015, que señalaba que bastaba con que una persona hubiese sido prestamista dos veces para que le fuesen de aplicación las obligaciones de la Ley 2/2009.

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