La irrelevancia del nomen iuris y sus efectos

Desde el punto de vista contractual el principio de irrelevancia del  nomen iuris tiene una gran importancia al venir a decir que “las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”. En el contrato lo que importa es la naturaleza del mismo; no la denominación que se le haya dado. Pero este principio también tiene implicaciones procesales como veremos.

Esto es, en la redacción del contrato se estará al sentido y finalidad de las cláusulas reseñadas en el mismo más que al nombre que las partes hayan dado del contrato. Todo ello de conformidad con las reglas de interpretación de contratos  que se regulan en los art.1.281 a 1.289 CC.

No hace falta decir que una gran parte de los litigios en materia contractual tienen por objeto la interpretación o alcance de alguna cláusula sino de la totalidad del contrato cuando una de las partes discute los efectos del mismo.

Lo que sí hace falta recordar es que una de las finalidades, en mi opinión la primera finalidad cuando hablamos de contratos y autonomía de las partes es que las normas den certidumbre. Sin certidumbre, sin seguridad jurídica y sin predecibilidad no hay nada, ni en el derecho ni en el tráfico económico. La norma en estas situaciones no es que no sirva o no cumpla su función sino que además es hasta perjudicial para el correcto funcionamiento de los operadores en el mercado.  De ahí la importancia de lo que se podría llamar “abogacía preventiva” o asesoramiento preventivo en la redacción de contratos.

1. La irrelevancia del nomen iuris en la redacción de contratos civiles y mercantiles

La STS de 31 de mayo de 2010 insiste en esta idea en un supuesto en el que se discutía los derechos y obligaciones nacidos para dos sociedades a tenor de un contrato llamado de arrendamiento, pero que no era tal: “la sentencia de la Audiencia Provincial considera que Sociedad Auxiliadora nació como una sociedad instrumental con la única finalidad de favorecer a los socios del Casino Mahonés, y que el contrato suscrito con la demandada no puede calificarse como de arrendamiento, aunque se le dé tal “nomen iuris”, sino como un contrato atípico, admisible conforme al principio de la autonomía de la voluntad del artículo 1.255 del Código Civil, que se regirá por lo específicamente estipulado, y, en su defecto, por las normas generales de las obligaciones y contratos.”

2. La irrelevancia del nomen iuris desde el punto de vista laboral

También desde el punto de vista laboral tiene su importancia dado que si decimos que la naturaleza y espíritu de la misma determinará la relación jurídica ante la que estamos, estos nos sirve para deslindar los supuestos de relaciones laborales strictu sensu, es decir, que deben regirse por la legislación laboral en detrimento de los contratos a los que se les nombre mercantil, pero que no son como decimos sino contratos de trabajos que debieran ser sometidos a la legislación laboral. Lo mismo podríamos decir de estos supuestos pero a la inversa.

Así lo viene sosteniendo la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Se puede mencionar un Auto de 14 de febrero de 2002 que remite a los elementos definidores del contrato para averiguar la relación jurídica ante la que estamos:  “es preciso puntualizar lo siguiente: en primer lugar, es cierto que el ” nomen iuris ” que las partes hayan dado al contrato no determina por sí mismo la naturaleza que haya de atribuirsele, que dependerá siempre de los elementos definidores de la relación”.

3. La irrelevancia del nomen iuris desde el punto de vista procesal

Por último voy a hacer breve referencia a la incidencia de este principio a la hora de entablar acciones, o recursos antes los Juzgados y Tribunales.

Ello determina que a la hora de entablar una acción judicial mediante la correspondiente demanda haya que estarse a la naturaleza y la finalidad de la misma que se desprenderá del relato de los hechos, fundamentos de derechos y súplica, todo ello conjuntamente. Con independencia del nombre que se le haya dado a la acción que bien puede ser equivocado. Por ejemplo, ejercitar una acción reivindicatoria cuando lo que se ha querido ejercitar es una acción declarativa, nulidad por anulabilidad, etc.

  • Ya, la AAPP de Tarragona en Sentencia de 28 de julio de 1995 decía lo siguiente: “Ello no obstante, existe reiterada e inconclusa doctrina jurisprudencial estableciendo la irrelevancia del error en el « nomen iuris » de la acción instada, debiendo atenderse no al nombre de la misma, sino a la acción realmente ejercitada por el demandante, según resulta del correspondiente escrito de demanda.”
  • Se venía siguiendo así la idea plasmada por el Tribunal Constitucional en Sentencia 19 de diciembre de 1991: “ entre otras, que quien pide la tutela judicial de sus derechos o libertades fundamentales, debe levantar la carga de mencionar expresamente el concreto derecho o libertad que invoca, pero sin que se puedan exigir formalidades más allá de lo legalmente previsto, porque ello iría en contra del principio «pro actione» y del criterio antiformalista que preside la protección judicial de los derechos fundamentales. Y si bien esta flexibilidad no puede llegar a anular virtualmente la carga que pesa sobre los demandantes, al socaire de planteamientos implícitos, presumibles o sobreentendidos, la jurisprudencia constitucional viene manteniendo que la invocación de los derechos a proteger, no requiere la mención expresa del precepto constitucional supuestamente violado, ni tampoco su « nomen iuris » ni su contenido literal.”
  • Idea que repite en otro orden de cosas el Tribunal Supremo, la Sala de lo Militar en Sentencia de 2 de noviembre de 1999, y en otras muchas más relativas a los recursos de amparo.

En mi opinión, la postura de la mayor parte de la jurisprudencia en este sentido es la correcta, siguiendo “da mihi factum, dabo tibi ius”, sobre todo en el planteamiento de los recursos de amparo es necesario relevar de la carga de probar el precepto constitucional violentado para permitir llegar a soluciones de justicia material.

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