Para cancelar anotaciones preventivas provenientes del Juez del concurso también hay que notificarse a los acreedores titulares (si el Registrador lo dice)

Cuánto más ágil sería para muchos abogados y otros profesionales del Derecho la realización de determinadas operaciones registrales si se estuviera al tanto de las últimas resoluciones de la DGRN. Algo que por un lado es prácticamente imposible teniendo en cuenta el ritmo al que se publican. “¡No faltaría más, ahora también hay que estar pendiente de esto¡”, podría decir otro.

Lo cierto, es que en el día a día, no sólo notarios, también abogados, asesores, administradores concursales tienen que practicar inscripciones tanto ante el Registro Mercantil como ante el Registro de la Propiedad, que en muchos casos supondrá la culminación de una operación o relación jurídica. Aquí pueden comenzar los problemas, puesto que lo que muchos entienden como un simple trámite puede convertirse en un camino de espinas: denegándose la inscripción por defectos subsanables e insubsanables, bien por desconocimiento de normativa y aplicación por parte de la DGRN… La cuestión es que puede suceder lo que nadie quiere, que la cosa se alargue más de la cuenta.

Para entender todo esto hay que saber que a la hora de dictar calificación por parte del Registrador de la Propiedad o Mercantil entran en juego una serie de principios: prioridad, tracto sucesivo, etc. que son de obligado cumplimiento, aunque en ocasiones su juego resulte sorprendente o entre en colisión con otras exigencias.

Es el caso de la Resolución de 9 de febrero de 2016 de la DGRN (aquí)en la que se resuelve sobre si procede practicar la cancelación de anotación de embargos sobre vehículos de una sociedad concursada por haberse aprobado ya el plan de liquidación de la misma, en base al art.149.5 LC y a la competencia exclusiva del Juzgado de lo Mercantil para conocer de las cuestiones que se susciten en materia concursal –como es la expedición a Registros Públicos de mandamientos de todo tipo-.

Las anotaciones que debían ser canceladas eran anteriores al concurso, y como el art.55 LC determina que una vez se produce la entrada en el concurso ya no se pueden admitir más ejecuciones de todo tipo y que se deben suspender las existentes, señala en el párrafo 3º que la cancelación de las dichas anotaciones sólo puede darse con la audiencia de los acreedores o titulares para mantener el principio de tracto sucesivo.

Por lo tanto nos encontramos con un artículo importantísimo en materia procesal concursal como es el artículo 8 LC que otorga la competencia exclusiva y excluyente a los Juzgados de lo mercantil para conocer de todas las cuestiones del concurso y de otras que guarden relación (art.9, LC tanto cuestiones civiles, administrativas y sociales).

La cuestión es si la calificación del Registro, que teniendo por objeto títulos judiciales, debe restringirse al art.100 RH (esto es, la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro) puede contradecir el mandamiento judicial.

 Postura de la DGRN.

Según la DGRN sí, porque en este caso debe observarse el principio de tracto sucesivo y al no constar que se dio audiencia o se notificó a los acreedores de las cargas la cancelación ésta no puede tener acceso al Registro en esos términos.

Es labor del Registrador llevar a cabo una actuación correctora si ha habido una “extralimitación del Juez”, según dice la DGRN. En este caso, dicha falta de notificación se incardina dentro de los “obstáculos que surjan del Registro” que dice el art.100 RH practicar la inscripción.

Como ya se señaló en las Resoluciones de 9 de mayo de 2011 y 5 de octubre de 2015.

Postura del Tribunal Supremo.

Sin embargo, la DGRN contradice el pronunciamiento de la sentencia de 16 de abril de 2015 del TS:  “ «Esta doctrina, sin embargo, ha de ser matizada, pues, tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictada la resolución que se ejecuta, ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E, igualmente, será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la existencia del procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción.»”

Llama la atención que en el recurso del administrador concursal se hace referencia a abundantes sentencias de jurisprudencia menor, de Audiencias Provinciales, porque es bastante común ver resoluciones en las que para decidir sólo se mencionan resoluciones de la DGRN anteriores.

En resumen: cuidado con los principios registrales porque cuando está el Registro (Propiedad o Mercantil) por en medio mandan siempre

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s