2 aspectos de la responsabilidad individual de los administradores en las sociedades mercantiles

Uno de los puntos clave en el derecho societario y en el gobierno corporativo es la cuestión acerca de las distintas responsabilidades que pueden verse obligados a afrontar los administradores por su gestión a bordo de la misma.

De forma sucinta, podríamos hablar de tres tipos de acciones de responsabilidad que a modo de recordatorio son:

La objetiva, plasmada en el art.367 LSC y que es una responsabilidad solidaria en el momento en el que se acredite que no convocaron Junta General en el plazo de 2 meses desde que existió causa de disolución y también desde que incumplieron su obligación de solicitar concurso de acreedores.

La acción social de responsabilidad que se entablar por la sociedad ex art.238 LSC.

 -La acción individual de responsabilidad que pueden ejercitar acreedores perjudicados y socios con carácter individual. Art.241 LSC. Tanto ésta como la anterior son de carácter subjetivo.

Sobre estas responsabilidades se ha desarrollado recientemente una jurisprudencia bastante abundante en sentencias del TS de 2013 y posteriores hasta una muy reciente de 3 de marzo de 2016. Sobre todo la de la responsabilidad individual. Contienen los requisitos básicos para que proceda ésta, que en resumen serían estos: (i) incumplimiento de una norma debido al comportamiento activo u omisivo de los administradores; (ii) imputabilidad de tal conducta a los administradores, como órgano social; (iii) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; (iv) el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y (v) relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero.

Pero también nos dejan dos cuestiones que es imprescindible tener en cuenta relativo a la naturaleza de dicha responsabilidad y a supuestos de no aplicación, o aplicación restrictiva.

Naturaleza de la responsabilidad individual de los administradores.

Es una responsabilidad subjetiva como hemos dicho, es decir, debe acreditarse para que proceda el daño, y lo que es más importante la relación de causalidad entre esas actuaciones de los administradores y el daño causado en terceros o socios. Por eso es una responsabilidad por “ilícito orgánico”, es decir por actos en el ámbito de sus funciones, en el ejercicio del cargo. la acción individual de responsabilidad supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia ( art. 135 LSA -241 LSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 Cc”.

Ello hace como dice la STS 23-5-2014 que sea una aplicación societaria de la acción de responsabilidad extracontractual. Al fin y al cabo, el viejísimo art.1902 y la aún más vieja “Lex Aquilia” se tornan insuperable y como vemos, por más que pase el tiempo y el derecho se divida en compartimentos estancos o ramas especializadas los principios generales siempre hacen acto de aparición.

Supuestos en que no procede la acción de responsabilidad individual.

En muchos casos, la práctica de la abogacía presenta casos en los que una sociedad acreedora por acuerdos comerciales con una sociedad deudora no puede cobrar lo que se le debe de ninguna forma, bien por actividad obstaculizadora del deudor, bien porque se ha echado el cierre, algo que provoca que se acudan a otros mecanismos como instar la acción individual de los administradores que para la que están legitimados activamente los acreedores cuando no queda más remedio porque nada se puede hacer, o porque la acción por responsabilidad objetiva no procede…

Es decir, se puede llegar a convertir esta acción de responsabilidad individual en un cajón de sastre al que acudir como última solución desesperada. Por eso “no puede aplicarse de forma indiscriminada la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento en el marco de las relaciones obligatorias que nacen de los contratos, pues, como ha señalado esta Sala (STS 30 de mayo de 2008) supondría olvidar e ir en contra de los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u  olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que lo otorgan, como proclama el art. 1257 Cc .

La responsabilidad de los administradores en ningún caso se puede conectar al hecho objetivo del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las relaciones contractuales, convirtiéndolos en garantes de las deudas sociales o en supuestos de fracasos de empresa que han derivado en desarreglos económicos que, en caso de insolvencia, pueden desencadenar otro tipo de responsabilidades en el marco de otra u otras normas.”

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