Actos de competencia desleal: la importancia de tipificar bien las conductas

No basta con tener la razón en un proceso determinado para que se estimen nuestras pretensiones, en la mayoría de los casos es fundamental hacer ver que nos asiste la razón y para ello además de una prueba fáctica de los hechos tenemos que saber calificar los actos jurídicos.Posteriormente se verá a qué me refiero con esto, pero antes vamos a ponernos en situación.

Todos los que somos recién estudiantes de la carrera de Derecho o de algún Máster en el ámbito mercantil, tenemos alguna noción del elenco de prácticas y actuaciones que se describen en la Ley de Competencia Desleal española, desde los actos de engaño, confusión, imitación, denigración, inducción a la infracción contractual, explotación de la reputación ajena y otras más.

Pues bien, en los procesos que se pueden entablar en torno a la infracción de las normas de competencia desleal, no sólo es importante demostrar -si somos parte actora y pretendemos que se reconozcan unos actos desleales contra nuestro cliente- el hecho de que haya habido actuación o práctica desleal sino saber encuadrar la actividad dentro de su tipo concreto, es decir, calificar los hechos como decíamos antes.

Es el caso de la Sentencia 21-2-2012 (aunque se podrían mencionar otras), donde nos encontramos errores de la parte actora a la hora de calificar las conductas que finalmente llevan a que no se estimen sus pretensiones.

Una sociedad A demanda a otra B y a 3 trabajadores de la misma. Con la importancia de que estos tres trabajadores antes lo eran de A y aprovechando sus relaciones con un cliente se lo llevan a la sociedad B o se lo intentan llevar porque finalmente no se acredita que lo consiguieran.

La parta actora, la sociedad A, alega un batiburrillo de preceptos que ni al Tribunal le queda claro cuál es la conducta concreta que se pretende alegar.

En primer lugar, como se deja claro en la sentencia el acto ilícito realizado por los trabajadores es haberse puesto en contacto con el cliente aprovechándose los medios y materiales que les proporcionó la Sociedad A, mientras estaban contratados laboralmente por ella. Ése es el núcleo de la cuestión. Los actos serían lícitos si una vez cesada la relación laboral intentan atraer a éste cliente, como a otros, actos permitidos en una economía libre y de mercado. Salvo que exista la cláusula de no concurrencia o no competencia, como también es jurisprudencia del TS pero que en este caso no se había pactado.

Se equivoca la parte actora al recurrir al art.13 de la Ley de Competencia Desleal, es decir, a la violación de secretos. El know how se protege a través de este precepto, pero no cuando ni la sociedad A que es la perjudicada ha adoptado medidas para proteger su información. Además, nada impide a unos trabajadores aprovechar en sus nuevos puestos de trabajo la experiencia adquiridos en los anteriores.

También se alude a los actos de imitación del art.11 sin dejar claro cuáles son los mismos.

Tampoco estamos ante una situación del art.12 de aprovechamiento de la reputación ajena, es decir, que la sociedad B se aprovechara de trabajos y proyectos realizados por la sociedad A y que los trabajadores se valieron de ésta reputación para “llevarse” al cliente no es un caso de aprovechamiento de la reputación ajena. Sin embargo, lo que escama al Tribunal es que éste precepto se pone en relación con la cláusula del art.5, es decir, de las conductas objetivamente engañosas por faltar a la buena fe.

Se reitera en la posición del TS de que el art.5 está cargado de sustantividad propia, es decir, no se puede andar interpretando en consonancia con los demás, es una conducta propia, no un cajón de sastre o cláusula de cierre dónde podemos meter todos esos actos que no sabemos dónde meter.

Todo hubiera cambiado si se hubiera fundado la pretensión en el art.14, es decir, inducción a la infracción contractual, que en realidad es la conducta que realizaron los trabajadores al inducir al cliente a que rompiera el contrato con la sociedad A que tenía.

De ahí la importancia de plasmar qué es lo que se ha hecho y en qué tipo se encuentra la infracción. En esta sentencia, como en tantas otras que uno se encuentra queda la sensación de que la parte que poseía la verdad real (como le gusta tanto comentar al Presidente de la LFP, el Señor Tebas) no encuentra reconocimiento en la verdad jurídica. Del relato de los hechos parece claro que los demandados, en este caso los trabajadores cometieron actos y hechos desleales y que la demandante por errores propios no es capaz de sacar todo el jugo que la situación tenía.

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