¿Cómo una falta ortográfica puede acabar en una multa de la CNMC?

Vale, admitimos que no es exactamente así porque la multa se produce por el pacto colusorio, pero el dato no deja de ser curioso. Por la torpeza de los intervinientes claro.

El caso en resumen es el que sigue. Año 2010. Se convoca por el Ayuntamiento de Canarias un concurso público para adjudicar el contrato de prestación de servicios de transporte de viajeros para actividades lúdico-deportivas, socioculturales y socioeducativas. Concurren 5 empresas. Una de ellas denuncia un mes después aprox., la existencia de idénticas condiciones en las ofertas y precios fijados para cada uno de los servicios por parte de 3 empresas concurrentes.

En la fase de instrucción se constata que efectivamente hay nada y nada menos que 902 precios idénticos, pero no sólo eso, dos de estas tres a su vez han calcado la oferta de condiciones. Y con los mismos errores ortográficos. La lista de precios resumida (AuturC, GLMC y Transportes Hernández clavan los precios):

Resumen Propuestas

económicas

 

AUTURCA

 

GLCM

Ttes. Antonio

Díaz

COMFORT

TURISTOUR

 

UTE

Hernández
Desplazamientos urbanos
55 Pax 16.768 16.768 16.768 16.451 17.782
40 Pax 15.416 15.416 15.416 15.137 16.364
30 Pax 12.372 12.372 12.372 13.734 15.249
19 Pax 11.321 11.321 11.321 12.563 14.071
13 Pax 9.747 66.624 9.747 10.228 11.438
Total desplazamientos

urbanos

 

65.624

 

65.624

 

65.624

 

68.112

 

74.904

Traslados por excursiones
55 Pax 6.952 6.952 6.952 6.531 7.397
40 Pax 6.370 6.370 6.370 5.990 6.787
30 Pax 5.054 5.054 5.054 5.432 6.153
19 Pax 4.634 4.634 4.634 4.979 5.598
13 Pax 4.012 4.012 4.012 4.026 4.423
Total traslado por

excursiones

 

27.022

 

27.022

 

27.022

 

26.958

 

30.358

Traslados por excursiones específicas
55 Pax 14.517 14.517 14.517 14.078 14.614
40 Pax 12.254 12.254 12.254 11.843 12.708
30 Pax 10.598 10.598 10.598 11.366 12.201
19 Pax 9.5858 9.5858 9.5858 10.635 11.429
13 Pax 9.871 9.871 9.871 9.893 10.744
Total traslado por

excursiones específicas

 

56.825

 

56.825

 

56.825

 

57.814

 

61.696

TOTAL PROPUESTAS

ECONOMICAS

 

149.471

 

149.471

 

149.471

 

152.884

 

166.958

Aquí está el párrafo crítico de la resolución: “Asimismo, cabe resaltar que en la parte relativa a estos servicios, en dos de las tres empresas denunciadas (GLCM y Transportes Antonio Díaz Hernández SL), las ofertas económicas tienen exactamente la misma redacción, contando incluso con igual error ortográfico de concordancia de número entre el sustantivo y el adjetivo demostrativo, incluido en el apartado primero del Anexo I de dichas propuestas (FOLIOS 515 y 533): “1. El precio unitario por kilómetros, de aquello recorridos que no vengan recogidos en los anexos, será de 1,40 €/km.”.

Así, esta Resolución -de 25 de abril de 2012- condenaba a las tres empresas al pago de la correspondiente multa por vulneración del art.1 de La Ley de Defensa de la Competencia 15/2007 realizando un acuerdo o pacto colusorio. Aunque la Resolución es más prolija y aborda otros aspectos, sobre todo el papel de las presunciones en el ámbito competencial, puesto que fue a través de ésta como acredito la antigua CNC la existencia del pacto colusorio. Precisamente una de las denunciadas hizo hincapié en la imposibilidad de usar este instrumento jurídico. Pero la Resolución –acertadamente creo- se sirve de una Sentencia del TS de 06/03/2000: difícilmente los autores de actos colusorios dejaran huella documental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá extraerse de indicios o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados de acuerdos o conciertos para restringir el libre funcionamiento de la oferta y la demanda.”

No obstante, a esta Resolución (25-10-2012) llegué por otra posterior, y muy reciente (8-10-2015) que trata sobre la cuantificación de la multa a raíz de que la Audiencia Nacional estimara el recurso por una de las denunciadas y condenadas en la primera Resolución. También contiene aspectos interesantes como el de la estimación del beneficio ilícito y daños potenciales en las licitaciones.

Res. 25-10-2012 Res. 8-10-2015

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